ODS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

(el Blog de Sonia Velasco)

Reto 3 - ¿Cuál es nuestro rol? La Administración Pública "emprendedora"

El Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea PAEIGIE aprobado en el año 2022, es uno de los ejemplos de colaboración  y participación de distintos actores involucrados en la implementación de una Recomendación del Consejo de la Unión Europea, en la que se pretende romper el ciclo de la pobreza, garantizando el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, a 6 derechos o servicios básicos. (ODS1, ODS 2, ODS 3 Y ODS 4)

La Garantía Infantil Europea tiene como objetivo asegurar que todos los niños y niñas tengan una educación y asistencia médica gratuitas, una vivienda digna, una alimentación adecuada y acceso gratuito a la guardería. Esta Garantía está acompañada de una ambiciosa Estrategia Europea para los Derechos de la Infancia que incluye el objetivo marcado por la Comisión Europea, de sacar de la pobreza al menos a 5 millones de niños y niñas para 2030.

La Administración General del Estado en este plan, ostenta el rol principal como impulsor de este proyecto y como divulgador del mismo, puesto que asume la competencia sobre la legislación básica, aunque los gobiernos autonómicos tienen un amplio margen de maniobra en la implementación. Este plan, constituirá la hoja de ruta hasta el año 2030 que guiará a todas las administraciones públicas en la lucha contra la pobreza infantil.

Se ha trabajado en este plan durante un año y medio en colaboración consultiva con las organizaciones de la sociedad civil, como UNICEF, Plataforma de la Infancia, Save The Children, WWF, OXFAM Intermón entre otras  y con un nivel político y operativo interministerial, de Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y municipios. En estos últimos hay que destacar la enorme diversidad de municipios, distinguiendo entre grandes urbes y municipios muy pequeños, que tienen una débil capacidad para captar recursos, así como una menor variedad de programas y servicios públicos para integrar los recursos de la garantía infantil.

Incidiendo sobre todo en este último aspecto, existen barreras económicas, estructurales e institucionales de acceso efectivo a estos derechos y servicios esenciales de calidad e inclusivos.

En especial se hace hincapié en la poca adaptación política pública a la realidad y características de estos colectivos concretos en situación de vulnerabilidad, con ingresos bajos y dificultades económicas para asumir costes, con espacios e infraestructuras que no contemplan las necesidades especiales de los niños y niñas y por último con las restricciones burocráticas, complejas y largas en el tiempo, que muchas veces se encuentran cuando se quieren acceder a las ayudas de las administraciones.

Desde las entidades que forman parte de la sociedad civil celebran la aprobación del PAEGIE, así como el planteamiento de gobernanza en su activación y el establecimiento de mecanismos de consultas periódicas con las organizaciones de la sociedad civil. 

En especial, en las fases sucesivas de monitorización y puesta en marcha del plan, se prevé la cooperación a nivel consultivo con el Observatorio de la Infancia, que permite llevar a cabo una interlocución entre instituciones públicas y privadas destinadas a la defensa y promoción de los derechos de la infancia, realizando el seguimiento de las políticas sociales que afectan a la infancia y adolescencia, así como realizando recomendaciones en relación a las políticas públicas que afectan a los niños, niñas y adolescentes.

Considero como punto fuerte de este Plan, la rendición de cuentas continua hacia la ciudadanía, sobre los fondos invertidos y los resultados obtenidos. Estas acciones se realizan a través de la Web, en Jornadas monográficas regulares, Conferencias de Alto Nivel..., trabajar en esta línea nos ayudará a conseguir mejores resultados y objetivos.